Propuesta

En el ordenamiento jurídico colombiano existen normas que promueven el derecho fundamental a la salud, la autonomía profesional, la transparencia, la autorregulación, el ejercicio basado en la evidencia científica y la racionalidad económica. La Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015) y el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 2011), en sus capítulos sobre talento humano, prohíben a empresas farmacéuticas productoras de medicamentos e insumos médicos otorgar prebendas o dádivas a profesionales que trabajen en el sector de la salud.

El Código de Ética Médica (Ley 23 de 1981) en su artículo 40 prohíbe a los médicos en ejercicio “recibir beneficios comerciales de farmacias, laboratorios, ópticas, establecimientos ortopédicos y demás organizaciones o instituciones similares encargadas del suministro de elementos susceptibles de prescripción médica”. Por su parte, el Código de Ética de Enfermería (Ley 911 de 2004) en su Capítulo III, artículo 27, correspondiente a las responsabilidades con las instituciones y la sociedad, manifiesta que el profesional de enfermería debe “abstenerse de participar en propaganda, promoción, venta y utilización de productos, cuando conoce los daños que producen o tiene dudas sobre los efectos que puedan causar a los seres humanos y al ambiente”.

Finalmente, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) exige el diseño de sistemas de información públicos como mecanismos concretos de transparencia y de rendición de cuentas. En dicho marco, en mayo de 2015 se estableció en Colombia el “Decálogo de medidas prioritarias de transparencia e integridad para la regulación de precios de medicamentos y la definición del plan de beneficios en Colombia”, que a pesar de estar dirigido a la regulación de precios de medicamentos y la definición del plan de beneficios en el marco de la Ley Estatutaria de Salud, define una serie de objetivos que buscan “elevar los niveles de confianza y legitimidad a las decisiones que se adoptan en el sistema de salud”. Entre ellos sobresalen los siguientes: “fortalecer la autonomía médica y transparentar las relaciones entre la industria y los profesionales de la salud”; “reducir las distorsiones derivadas del marketing de tecnologías en salud”; y “promover la participación ciudadana y el control social”.

Para poder enfrentar la influencia de la industria farmacéutica, mejorar la relación entre los profesionales de la salud y la sociedad en general, promoviendo y recuperando la confianza en el ejercicio de la práctica clínica centrada en los pacientes, es necesario identificar y comprender las estrategias de mercadeo que desarrollan y ponen en marcha las empresas para incentivar el consumo de sus productos.

Existen estudios científicos, recomendaciones y guías clínicas cuyos contenidos están determinados por la industria que los financia. Expertos y líderes de opinión que influyen la toma de decisiones y en sus discursos no exponen conflictos de interés alguno. Visitadores médicos que entregan información sesgada a los profesionales de la salud para inducir su participación ofrecen, además, obsequios diversos como muestras de producto, esferos, maletas, cursos, viajes, entre otros, que subordinan su adecuada toma de decisiones.

Estas prácticas vulneran el derecho fundamental a la salud y generan efectos perversos de diversa índole: se privilegian tecnologías no alineadas con las necesidades en salud; se incrementan los costos en los servicios de salud limitándose el acceso a los mismos; y se erosiona la autonomía profesional y un ejercicio clínico fundamentado en la evidencia científica, entre otras.

En el contexto de este trasfondo empírico y normativo, la Iniciativa MSM Colombia se orienta a promover:

La abstención, por parte de los profesionales de la salud, de recibir visitas promocionales, obsequios, auspicios o cualquier forma de incentivo a la prescripción para evitar los conflictos de interés en el ejercicio clínico.

 

Una práctica centrada en las necesidades del paciente y fundamentada en la mejor evidencia disponible, que sea producto de la investigación pública y de las entidades sin fines de lucro.

 

La independencia de las sociedades de profesionales de la salud y asociaciones de pacientes respecto a financiamientos y auspicios, provenientes de la industria farmacéutica, de dispositivos médicos y de alimentos, incluidas las publicaciones médicas y las jornadas educativas, fortaleciendo las alianzas con la sociedad civil y las entidades de control del Estado.


La búsqueda de fuentes de información imparciales e independientes de las elaboradas por compañías productoras de tecnologías en salud, difundidas por líderes de opinión y paneles de expertos vinculados comercialmente con ellas, interesadas en aumentar la venta de medicamentos y otros tratamientos, así como de los dispositivos médicos y de la industria de alimentos.


El acceso público a los datos negativos y positivos de los ensayos clínicos y el desarrollo de mecanismos que fortalezcan la participación ciudadana y el control social sobre las relaciones entre profesionales de la salud y empresas farmacéuticas, que configuren potenciales o reales conflictos de interés.

 

La educación básica y continua, comprometida con el acceso libre a la información, independiente de la industria, como una responsabilidad de las personas e instituciones de salud y de educación superior.

 

El desarrollo de políticas públicas que incorporen datos basados en la mejor evidencia por parte de paneles de expertos libres de conflictos de interés.

 

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